Sobreseyeron a los imputados por los saqueos de 2012 en Bariloche

Así lo resolvió un juez por pedido de la fiscalía. Los seis acusados cumplieron 100 horas de tareas comunitarias y pagaron 833 pesos de multa. La causa estuvo 8 años abierta.

La causa por los saqueos en el supermercado Changomas de Bariloche, que ocurrieron el 20 de diciembre de 2012, se cerró con el sobreseimiento de los 6 imputados, que nunca llegaron a juicio.

El juez de garantías Juan Pablo Laurence sobreseyó el 12 de abril último a Mabel Estela Grande, Catalina Lineros, Gisel Estefanía Poblete, Haydeé Grande, José Paredes y Miguel “El Mohicano” Mansilla porque cumplieron con las 100 horas de tareas comunitarias y el pago de 833 pesos de multa que se les había impuesto a cada uno. Y no cometieron delitos en el año y medio de suspensión de juicio a prueba.

La fiscal adjunta Fernanda Orticelli pidió el sobreseimiento para los 6 imputados, informó la defensora particular Marina Schifrin, quien celebró el final de una causa que dio idas y vueltas durante 8 años y 4 meses en el Poder Judicial de la provincia.

La investigación de los saqueos en el Changomas pasó por la manos de varios fiscales y jueces. En sus inicios, los investigadores amagaban con hurgar hasta descubrir a los autores intelectuales que estuvieron detrás de los saqueos en Bariloche. Pero con el paso del tiempo, la causa se desinfló y el poder de turno perdió interés en ese expediente.

En la primera etapa, el entonces fiscal Eduardo Fernández estuvo a cargo de la investigación. Contó con el apoyo de personal de Gendarmería para buscar evidencias en cientos de filmaciones que circulaban por todos lados en esos días de finales de diciembre de 2012.

El exgobernador Alberto Weretilneck pedía en ese momento responsables. La entonces presidenta Cristina Fernández mandó 400 gendarmes a Bariloche para poner orden en la ciudad y evitar el efecto contagio. Funcionarios políticos aseguraban que los saqueos habían sido planificados.

La persecución penal solo hizo foco en Mansilla, que era el líder de la cooperativa 1 de Mayo, en Paredes, Poblete, Lineros y Haydée Grande. La acusación impulsada por la fiscalía era grave. Se los procesó por el delito de robo en poblado y en banda, con uso de armas impropias y coacción. Mansilla y Paredes pasaron 8 meses detenidos con prisión preventiva. Las mujeres cumplieron prisión domiciliaria. Fueron excarcelados el 13 de septiembre de 2013.

Pero Fernández no encontró pruebas. Tampoco, los fiscales Guillermo Lista, Sergio Pichetto y Alejandra Bartolomé, que intervinieron en diferentes momentos en la investigación. El expediente lo revisaron el exfiscal de Cámara Carlos López y también el fiscal jefa Martín Lozada.

Es más, López y Lozada plantearon su desacuerdo con la requisitoria de elevación a juicio presentada en 2014 por Pichetto. Por eso, los jueces de la exCámara Criminal Segunda de esta ciudad anularon todo a principios de octubre de 2015.

La causa retrocedió hasta el punto de partida. Bartolomé intentó reflotarla. Imputó a Mabel Grande y adecuó la causa al nuevo Código Procesal. La fiscalía volvió a imputarlos. El 19 de junio de 2019, el fiscal adjunto Gerardo Miranda, ofreció, en representación de Lozada y Fernández, la probation a los 6 imputados. La jueza Romina Martini concedió el beneficio. Y aquí no pasó nada.

La jornada del 20 de diciembre de 2012 quedó grabada en la retina de miles de personas de Bariloche. El saqueo en el Changomas fue el inicio del caos en esta ciudad. Durante muchas horas hubo sectores que fueron tierra de nadie. Las imágenes de personas que salían del supermercado con alimentos, televisores, electrodomésticos, cervezas y vinos se multiplicaban en los medios del país. Autos incendiados en las calles, policías desbordados y medianos y pequeños comercios saqueados y destrozados causaron mucho dolor en varios sectores de la población. Hubo pequeños comerciantes que nunca se recuperaron de las pérdidas. También hubo consecuencias políticas. El entonces intendente del Frente para la Victoria, Omar Goye, finalizó destituido.

“Técnicamente nunca hubiera aceptado esa probation, porque no había pruebas para demostrar nada en un juicio porque no es así lo que paso como los acusaron”, sostuvo la abogada Marina Schifrin, que asistió a los imputados. “Pero aceptamos porque los chicos no daban más. Fueron muchos años. Y, ademas, la fiscalía ofreció la probation. La fiscalía no quería el juicio”, aseguró.

“Lo encuadro como un caso de criminalización de la protesta social y de la pobreza”, afirmó.

 

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